En el marco del Bicentenario, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció avances significativos en el desarrollo del boliviano virtual, su futura moneda digital de banco central (CBDC). Según el presidente del BCB, Edwin Rojas, el diseño preliminar ya está en marcha tras meses de trabajo en equipos técnicos, legales y de sistemas. El lanzamiento oficial podría realizarse en agosto.

El objetivo declarado del proyecto es modernizar el sistema de pagos e impulsar la inclusión financiera, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la creciente digitalización de las finanzas.

Desde la Asamblea Legislativa, la diputada Mariela Baldivieso, reconocida por su trabajo en el ámbito de las nuevas tecnologías y los criptoactivos, expresó su respaldo a los avances tecnológicos, pero también emitió una advertencia sobre los riesgos de concentración de poder que puede representar una moneda digital estatal.

“Una CBDC puede ser positiva si se diseña con transparencia, respeto a la privacidad y sin vulnerar libertades individuales. Pero en gobiernos autoritarios, puede convertirse en una peligrosa herramienta de control financiero y social”, declaró la parlamentaria.

Baldivieso, impulsora de marcos normativos para regular criptomonedas y stablecoins en Bolivia, ha destacado en reiteradas ocasiones la importancia de diversificar las herramientas financieras disponibles para los ciudadanos, promoviendo la innovación sin perder de vista los principios democráticos.

En paralelo al anuncio del BCB, en Bolivia se registra un creciente interés por las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y stablecoins como USDT, utilizadas como reserva de valor ante la inestabilidad económica.

“La población ya está recurriendo a soluciones tecnológicas para proteger sus ahorros. El desafío ahora es que el Estado no llegue tarde ni imponga sistemas cerrados que limiten la libertad de elegir”, subrayó la diputada.

El proyecto del boliviano virtual marca un hito en la historia financiera del país y abre un debate necesario sobre cómo garantizar que la transformación digital respete los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por: Jessie Cortez