La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido recientemente la Circular 885/25, la cual marca un precedente importante al reconocer que las plataformas extranjeras de intercambio de activos virtuales no están obligadas a domiciliarse en Bolivia, siempre que no mantengan alianzas con entidades financieras locales. Esta disposición salvaguarda el derecho de los ciudadanos a operar libremente con plataformas internacionales, como Binance, sin someterse a controles regulatorios excesivos e intervencionistas.

Asimismo, se valora que el reglamento no imponga requisitos regulatorios a personas naturales o jurídicas que realizan actividades con activos virtuales sin contar con una solución tecnológica propia, lo que protege a los usuarios del mercado P2P.

No obstante, preocupa profundamente el carácter sobrerregulatorio de la normativa para las empresas emergentes que sí desarrollan soluciones tecnológicas propias o que han establecido alianzas con instituciones financieras. A estas se les impone un marco regulatorio equivalente al de entidades financieras tradicionales, con exigencias que muchas startups no están en condiciones de cumplir. Este enfoque desalienta la innovación y limita el surgimiento de nuevos modelos de negocio como las plataformas de crowdfunding, pasarelas de pago o los servicios de Buy Now Pay Later (BNPL).

La interpretación discrecional que ASFI mantiene sobre conceptos ambiguos como “innovación tecnológica” o "tecnologías empresariales" abre la puerta a decisiones arbitrarias que podrían obstaculizar el desarrollo del ecosistema Fintech en el país. Esta situación evidencia la urgencia de una reforma a la Ley 393 de Servicios Financieros, que ponga límites a la capacidad unilateral de ASFI para definir y regular nuevos servicios financieros sin la debida deliberación en la Asamblea Legislativa.

En este contexto, la Diputada Baldivieso reafirma su compromiso de abogar por una regulación equilibrada, transparente y moderna, que impulse el crecimiento de las Fintech y garantice los derechos de los usuarios y emprendedores tecnológicos. Este compromiso incluye trabajar por la modificación de la Ley 393, promover un entorno regulatorio justo y exigir que el “Entorno Controlado de Pruebas” funcione con reglas claras, accesibles y ponderadas, por lo que es necesario una profunda reforma de los mecanismos que garantizarán los areneros regulatorios para el emprendimiento innovador.

La regulación no debe ser un obstáculo para el desarrollo tecnológico y económico. Bolivia necesita avanzar hacia un modelo regulatorio que incentive la creatividad, la inversión y la competencia en beneficio de todos los ciudadanos. En este sentido, mas allá del plazo que otorgan los reglamentos para la adecuación de emprendimientos fintech o de constitución de nuevas iniciativas, es tiempo de que los ciudadanos escojan y deliberen democráticamente por líderes que se comprometan por reemplazar las deficiencias de la regulación emitida, por criterios ecuánimes y razonables que promuevan la innovación y la libertad de los usuarios.

Por: Jessica Paola Cortez