De acuerdo a reportes de la prensa, el día de hoy el Ministerio Público ha procedido con la aprehensión de un creador de contenido solamente por haber retransmitido la información de una página web sobre el valor del dólar anclado a la criptomoneda estable USDT, tras denuncia por parte de la ASFI.

En calidad de Diputada Nacional y activista de las finanzas digitales, expreso mi PROFUNDA PREOCUPACIÓN ante este hecho, ya que pone en cuestionamiento el cumplimiento del marco del debido proceso, siendo que la aprehensión es desproporcionada, arbitraria y no cuenta con la suficiente fundamentación de acuerdo con el marco normativo y financiero vigente, además de los principios del Estado de Derecho.

Considero alarmante que, en un contexto en el que los activos virtuales cuentan con autorización y reconocimiento regulatorio que, aunque incipiente, permite su utilización irrestricta y su circulación en el territorio nacional, se criminalice injustamente a un ciudadano que ha hecho referencia a un activo virtual cuyo valor inclusive fue publicado oficialmente por el Banco Central de Bolivia. Recuerdo, en este contexto, a toda la población y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que las operaciones con activos virtuales no solo se encuentran permitidas, sino que cuentan con un marco normativo en continuo desarrollo, contando con más de 200 mil usuarios activos, incluyendo el Estado Boliviano como entidad.

Asimismo, es realmente preocupante que la denuncia haya emanado de una Autoridad cuyo rol fundamental es y debería ser siempre el PRECAUTELAR LA SEGURIDAD FINANCIERA de la población y que el delito por el que se impute a este ciudadano sea el delito financiero de ‘Difusión de Información Financiera Falsa’, cuando la devaluación del Boliviano en relación a la criptomoneda estable USDT es evidente y las cotizaciones de dólar paralelo apoyados en esta referencia son compartidos constantemente por expertos y medios de comunicación, siendo de total y pleno conocimiento de la ciudadanía, la cual enfrenta dicha realidad día a día.

En este sentido, las autoridades están penalizando a las opiniones críticas bajo pretextos que no tienen cabida en un Estado de Derecho, atentado directo a la libertad de pensamiento y expresión, los cuales son pilares esenciales de cualquier entorno democrático.

Como sociedad, no podemos permitir la instalación de precedentes que socaven las libertades individuales ni el desarrollo financiero y tecnológico de nuestro país. Es por ello que, en mi papel de parlamentaria, exigiré, mediante una Petición de Informe dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y al Ministerio Público que expliquen de forma transparente a la ciudadanía las medidas que tomarán para el respeto al debido proceso y la garantía plena de los derechos constitucionales del afectado.

Reafirmo mi compromiso y colaboración activa para brindar a la población boliviana, un ecosistema financiero digital seguro y alineado con el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en el Estado como entorno democrático.